La FSP-UGT acude a la jurisdicción penal en defensa de la legalidad
Ante las declaraciones efectuadas en el día de ayer por el Director Provincial del MECD en el sentido de sostener que lo mejor para la comunidad educativa es nombrar a un docente para el puesto de Secretario General de la Dirección Provincial y que existen varios sistemas para su nombramiento, la Federación de Servicios Públicos de la UGT quiere hacer las siguientes precisiones:
Las declaraciones del señor Bendayán son un claro ejercicio de cinismo y de falta de respeto a los funcionarios que trabajan en la Dirección Provincial. Pretender confundir los intereses de la comunidad educativa con sus intereses personales y los de sus amigos a los que coloca a dedo en puestos de trabajo que no le corresponden demuestran que las políticas sectarias del Gobierno del Partido Popular están tan vigentes o más que con el anterior Director Provincial.
Pretender colar que un docente por el hecho de ser amigo y correligionario del señor Bendayán va a desempeñar un puesto administrativo mejor que el personal formado para ello, es como decir que un técnico de administración daría clases mejor que un docente. La afirmación de que existen dos métodos para nombrar al Secretario General de la Dirección Provincial es una falacia de tal calibre que cae por su propio peso. Solo existe una forma legal que es el concurso de méritos ajustado al perfil de la relación de puestos de trabajo donde existe una clausula, la ex11, que excluye expresamente al personal docente. Lo demás, utilizar la comisión de servicio de forma fraudulenta, es la ilegalidad del enchufismo, del amiguismo, el sistema dedocrático típico de los políticos reaccionarios que pretender estar por encima de la ley.
A este Gobierno que se le llena la boca de hablar de legalidad, de cumplimiento de las normas y de igualdad ante la ley se le ve claramente el plumero reaccionario del embudo de que la ley es para los demás y no para ellos. Por lo que la Unión General de Trabajadores ya ha puesto este asunto en manos del Gabinete Jurídico para acudir a la jurisdicción penal con el objetivo de que se cumpla le ley y se inhabilite a aquellos que, entendemos, dictan resoluciones injustas a sabiendas, lo que en derecho se llama prevaricación.
Resulta patente el cinismo y el descaro de Bendayán y Cucurull cuando durante el mandato del Gobierno Socialista la senadora Sanín, acompañada en esos momentos en el Senado por el mismo Cucurull interpelaba en el Senado al Gobierno sobre la ilegalidad que acababa de cometer nombrando Secretario General del MECD a un profesor en lugar de nombra a un Técnico de Administración General. Estas cosas acaban volviendo siempre como un boomerang descubriendo que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.
En cualquier caso y dado que la justicia en España es lenta esperamos que los ciudadanos con sus votos pongan próximamente al señor Bendayán y al señor Fernández Cucurull donde se merecen, es decir donde no puedan utilizar la Administración Pública como un cortijo particular
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